Las autoridades penitenciarias confirmaron este sábado dos casos letales de covid-19 en una prisión hacinada del centro de Colombia, lo que obligó a aislar más de 1.700 reclusos en riesgo de contraer el virus.

"Toda la cárcel está aislada, todos los pabellones están aislados", indicó a la AFP el servicio de prensa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La decisión fue tomada luego de que se detectara un primer brote de la enfermedad en la cárcel de Villavicencio, en el departamento de Meta, con una población de 1.738 reos y un hacinamiento superior al 90%, según el Inpec.

En un inicio, las autoridades barajaron la posibilidad de que un hombre de 63 años víctima mortal de la pandemia y liberado cinco días antes, se hubiera podido enfermar fuera de prisión.

Pero este sábado detectaron dos nuevos casos de covid-19 en el penal, lo que hace temer un foco de propagación.

Se trata de un hombre de 78 años que falleció el martes y de otro reo que está hospitalizado. Los tres convivieron junto con 534 prisioneros en un mismo pabellón, detalló el Inpec a medios locales.

Para mitigar la propagación de la enfermedad que deja 100 muertes y más de 2.700 contagios en Colombia, las autoridades optaron también por aislar en un pabellón especial a 60 adultos mayores y enfermos crónicos de la cárcel de Villavicencio.

Esto es "una alerta para que se promulgue de manera urgente el decreto para deshacinar cárceles y conceder reclusiones domiciliarias", escribió en su cuenta de la red Twitter la ONG Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

También la ONU se pronunció a favor del trato humanitario a los presos.

"Las personas detenidas mantienen su dignidad y sus derechos como seres humanos", señaló la oficina local de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la misma red social.

Hace casi tres semanas el gobierno decretó la emergencia carcelaria para enfrenar el hacinamiento durante la pandemia, tras un sangriento motín que dejó 23 fallecidos y 82 heridos en la prisión La Modelo de Bogotá.

El ministerio de Justicia anunció que prepara un decreto que apunta a excarcelar unas 10.000 personas privadas de la libertad.

Alrededor de 123.000 presos están distribuidos en 138 cárceles del país, según cifras del Inpec.

Sin embargo, la Procuraduría - un organismo de control que vigila la administración pública - ha denunciado que el sistema tiene capacidad para albergar menos de la mitad de esas personas.

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