(Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires)

El viejo refrán que dice “cuando el río suena, agua trae” aplicaría muy bien al estado de ánimo que nos embargaba a los miembros de la Asociación Civil Usina de Justicia así como de otras entidades otras similares que nuclean a los familiares de víctimas de homicidios.

La pandemia no solo trajo cambios muy importantes en nuestro estilo de vida sino que se extendió al sistema penal. Obviamente, los internos deben ser cuidados del virus. Los primeros días de la cuarentena parecía que lo más seguro era que cada uno se quedara en sus hábitats: si los presos no reciben visitas ni gozan del beneficio de las salidas transitorias, es difícil que se contaminen. Frente a esta premisa, avalada globalmente con la estrategia médica de la cuarentena, no faltaron los que baten el parche de los derechos humanos y los que abrevan en las fuentes oscuras del abolicionismo zaffaroniano. En una extravagante pirueta, lograron que las cárceles se fueran vaciando en tropel. No importaba el monto de la pena, ni los fundamentos del veredicto. Pese a que, según registros oficiales, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires no había infectado alguno -ni interno ni agente penitenciario-, la excusa del Covid-19 arrasó con el más elemental sentido común.

Los hechos se van desarrollando como si fueran las escenas consecutivas de una vertiginosa obra teatral que nos pone a las verdaderas víctimas -aquellas que perdimos un ser querido por obra y gracia de los presuntos contaminados- como impávidos espectadores de una desoladora realidad.

Si bien los jueces deberían tomar en cuenta que la Ley de Víctimas 27.372 estipula que las víctimas deben ser notificadas a la hora de tomar cualquier decisión que implique la modificación del estado de la condena, no somos sino convidados de piedra en este afán liberador.

La pandemia da por tierra los argumentos de esta ley. No solo es mejor ir vaciando las cárceles sino que, como los jueces no pueden firmar tantos beneficios simultáneamente, juzgan la conveniencia de que los presos estén comunicados con sus familias mediante teléfonos celulares.

Las nefastas consecuencias de estas conductas absurdas fueron puestas en evidencia inmediatamente: una de la víctimas más emblemáticas de nuestro enorme universo de dolientes, Carolina Píparo, fue amenazada por quien al balearla, asesinó a su hijo por nacer, provocándole a ella un estado de extrema gravedad.

Karina Gandolfo, miembro de Usina de Justicia y madre de Matías -un joven brutalmente asesinado por un homicida identificado que permanece impune-, improvisó un video que circuló por las redes. Con voz ahogada por la impotencia, esta madre doliente hace un llamado a quienes manejan los hilos del Poder Judicial: no otorguen prisión domiciliaria a los presos que purgan causas por homicidios. A ella se sumaron otras tantas voces que sabemos que esta “solución transitoria” para estos individuos es de alto riego para toda la sociedad. Un mamarracho jurídico por el que se cede a la amenaza de amotinamientos con el alto costo de dejar ciertas conciencias tranquilas durante este peculiar período pandémico.

Seamos realistas: una vez que la puerta se abrió, ¿cómo se hace para volver a cerrarla? ¿Cómo se les devuelve los familiares de víctimas la poca confianza y la exigua paz que habían encontrado mientras elaboran el duelo?

La Asociación Civil Usina de Justicia junto a otra de similares intereses, “Fortalecidos por el dolor”, una asociación de San Martín, provincia de Buenos Aires, presentamos un oportuno reclamo, que vaya uno a saber en qué papelero habrá caído. Las consecuencias están a la vista. Las cárceles se inundaron de teléfonos celulares y las salidas domiciliarias están a la orden del día.

Como víctimas formulamos esta pregunta: “Señores jueces ¿no les parece que la ley es la ley, que no debe estar sujeta a interpretaciones circunstanciales?”

La autora es médica y miembro de la Asociación Civil Usina de Justicia