Cristina Kirchner le pidió a la directora de Asuntos Jurídicos el Senado, Graciana Peñafort, que le solicite a la Corte Suprema una “declaración de certeza de constitucionalidad”, es decir un aval legal, para que la Cámara alta y Diputados puedan sesionar por videoconferencia.

La vicepresidenta prefirió hasta ahora preservar la seguridad sanitaria de los senadores y el personal de la Cámara y no hubo sesiones ni propuestas para que las haya. Apenas hasta ahora hubo reuniones de bloque y dos comisiones, todo en forma virtual con exposiciones de los ministros de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, y hoy el de Trabajo, Claudio Moroni. Diputados en cambio lleva dos semanas con intensas reuniones de comisiones por las que pasó media docena de ministros y reuniones de labor parlamentaria con la modalidad teleconferencia de la que participaron todos los jefes de los bloques.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, constituyó la comisión de Reglamento y Peticiones con la idea de que modifiquen el reglamento y se habilite y de marco legal a una posible sesión virtual. Hace pocos días intentó organizar una sesión presencial en un espacio más grande que el recinto (un club por ejemplo) o por teleconferencia pero no logró acordar con la oposición ni con el Senado a pesar de las promesas de mantenerse activos y a disposición del Presidente para darle herramientas que no pueda poner en marcha a través de Decretos de Necesidad y Urgencia.

El Congreso debe legislar en material penal, electoral e impositiva. En el último mes no ha habido proyectos para los primeros dos casos pero sí hay iniciativas del oficialismo y la oposición que establecen nuevos impuestos para la emergencia. El principal es un nuevo tributo que pidió el propio Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos para aplicar un impuesto excepcional a la riqueza. De eso hablaron hoy Cristina Fernández y Sergio Massa en una conversación telefónica.

Después, Cristina Kirchner llamó a Peñafort para que presente el planteo a la Corte y le solicite que se expida en forma urgente. El objetivo es evitar presentaciones futuras contra el impuesto a los grandes capitales. Si se vota en el Congreso a través de una teleconferencia el Frente de Todos quiere asegurarse de que no se podrá cuestionar la legalidad de esa modalidad. El escrito buscará cerrar el camino para cualquier cuestionamiento futuro y poner a resguardo a ambas Cámaras. También a la de Diputados.

En las conversaciones que ha mentenido con la Vicepresidenta, Massa quedó a cargo de la firma de un acuerdo con el Regristro Nacional de las Personas (RENAPER) para que se validen los rostros de diputados y senadores como forma de identificación. Algo parecido a lo que se pide en la versión para celulares de la aplicación de la AFIP. También Massa firmó un acuerdo con la empresa estatal ARSAT para que la tecnología que se utilice en las teleconferencias sean del Estado argentino.

Según supo Infobae de fuentes tribunalicias, el máximo tribunal ya analiza el tema y podría sacar esta misma semana dos acordadas avalando las sesiones por teleconferencia.

La Corte Suprema podría avalar las teleconferencias esta semana (Adrian Escandar/)

Una vez que la Corte Suprema se expida, en el Congreso se acelerarían los tiempos para sesionar, previo acuerdo con los bloques de la oposición.

El primer proyecto que el Frente de Todos quiere aprobar es el que ideó Máximo Kirchner aunque la letra chica la trabaja el diputado y economista Carlos Heller. El legislador viene insistiendo en que ese tributo, de ser aprobado y previo análisis presidencial será excepcional y no afectará a la clase media, en muchos casos afectada por la falta de actividad desde el inicio de la cuarentena por COVID-19.

“Alcanzará sólo a aquellos de alto poder de acumulación de riqueza”, consideró el Presidente de la Comisión de Presupuesto que además fue enfático: “Jamás estuvo pensado como un gravamen sobre la clase media, las pequeñas empresas, los ahorros de las familias”.

Heller tuvo que salir a hacer esa aclaración después de que circulara el borrador de otro proyecto de ley similar pero que alcanzaba a quienes contaran con un patrimonio de $ 10 millones.

Según indicó se trataría de un impuesto extraordinario que grave “las grandes riquezas” es decir "a aquellos de alto poder de acumulación de riqueza”, lo que para él son grupos empresarios y patrimonios que no superan el 1% de los argentinos. “Nadie va a ser menos millonario después de que tenga que hacer ese aporte”, agregó mientras en paralelo la diputada Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas divulgó un documento con un análisis que fundamente un impuesto para la coyuntura sobre los 15.000 argentinos con mayores patrimonios.

Incluso el Presidente ha considerado “razonable” un tributo de estas características. “No se puede pedir todo al Estado”, respondió este fin de semana.