El presidente de Argentina, Alberto Fernández, señala un gráfico durante una conferencia de prensa para anunciar una extensión de medidas para controlar la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Buenos Aires, Argentina. 10 de abril de 2020 (Presidencia) (Handout ./)

La opción entre salud y economía parece cómoda pero es irreal. Casi todas las aspiraciones humanas y sus medios de supervivencia, incluida por supuesto la salud, requieren recursos.

Entre ellos está el trabajo, que debe ser remunerado. Si no es por una postura moral elemental de rechazo a la esclavitud, tendrá que ser porque el trabajo esclavo es mucho menos productivo que el pago. Eso es algo que muchas veces no se entiende respecto de las empresas cuando se entorpece lo que pueden ganar en nombre de preocupaciones igualitaristas.

También hay una respuesta bastante generalizada al cuestionamiento del dilema entre salud y economía que es decir que si por este virus aumenta la mortalidad exponencialmente la economía se vería dañada. Es extraño porque se plantea el problema con el prejuicio de que los que hablan de economía en este momento se están desinteresando por los muertos y entonces el argumento se dirige a desmentir que haya ganancia en abrir la economía por la pandemia. Y puede que se escuche esto de los que piensan que los inmigrantes empobrecen a un país en lugar de enriquecerlo.

Sin embargo, lo que es falso del planteo del dilema es que el sacrificio de una cosa sea en beneficio de la otra. Sin recursos, la salud pasa a ser una quimera por lo que la justificación de las cuarentenas draconianas no resiste análisis alguno y parece ser en realidad un gusto por entregar en sacrificio al mundo de los negocios más como un fin que por la excusa de un fin superior. Es un planteo moral que prescinde del análisis económico y también de las consecuencias sobre la salud de un experimento social jamás realizado con anterioridad.

El defecto más serio de esa argumentación es que para las personas el asunto no es la economía como agregado, sino su propia capacidad de producir, obtener beneficios de eso y la propia vida puesta eventualmente en riesgo, sea como asalariados. independientes o empresarios.

No hay tal cosa como una bolsa común de vida y producción así que la apelación a “nuestra salud” es una manera subrepticia de resucitar a la vieja utopía socialista, aunque socialmente el resultado de no socializar es, como siempre, que las personas cuidan mejor de su salud en una pandemia y hace la valoración mucho más exacta de cuándo y cuánto riesgo correr para no quedarse en la ruina y no morir. Para los que no son tan habilidosos para una u otra cosa, la mejor alternativa es vivir en una sociedad capitalizada que demande trabajo a mayores salarios y que produzca en masa desde ropa a mascarillas. Esto de hablar de toda la vida y toda la salud como si fuera una suma compartida por todos se saltea esta diferenciación y no tiene en cuenta una de las condiciones de esta pandemia que obligaría a no tratar todos los casos igual. Hay una clara línea de corte en el riesgo por edades. El único interés común entre los que están en la zona de riesgo y los que no es que a ninguno le conviene que los que pueden trabajar con pocas posibilidades de contagiarse no lo hagan. Aquí la utilidad de encerrar a todos para los primeros tendría el mismo efecto que el deseo de los que no están tan bien económicamente de que no prosperen tanto los que les sacan ventaja: un sentimiento de satisfacción que atenta contra la propia supervivencia y fomenta lo peor de la política llamado envidia..

Eso lleva a que la alternativa no sea encerrar a todos o poner en peligro a los mayores, sino la agresiva intervención paternalista o que las personas sepan qué recaudos tomar por y para sí mismas. Esa es la única situación en que la vida y la salud en concreto se resguardan.

La salud también se produce y tratarla como una cuestión que debe quedar afuera del juicio económico es hacerla imposible.

La inversión en salud también se pierde por el impulso autoritario paternalista. El gobierno argentino intervino las dos empresas que fabrican respiradores: Tecme, que es la más grande, y Leistung. No las expropió sino que siguió el método de colectivización nacional socialista y simplemente las puso bajo su comando, no porque el Gobierno crea que sabe más de respiradores, sino porque quiere quedarse con el producto. No se hará cargo de las consecuencias económicas que esta decisión tenga para el único capital instalado para esa producción porque simplemente es el Gobierno y hace lo que quiere. Manu militari se ha quedado con los respiradores ya producidos por encargo de distintas organizaciones de salud o estados provinciales o municipales que ya los habían pagado. Es decir que las obligó a incumplir compromisos contractuales y las sujeta a demandas. Todos los respiradores que se fabrican en la Argentina ahora tienen que estar a disposición del Estado nacional, que encima no los paga. El Estado que se administra como si fuera un barril sin fondo se administra como si las empresas fueran lo mismo.

Independientemente del daño económico, ¿qué se gana en salud con eso? Si había 10 respiradores en stock, sigue habiendo 10. Si hacen falta 11, alguien no lo tendrá y eso es más cierto aún después de la medida, porque las empresas quedarán dañadas y por lo tanto con menores chances de producir. El Gobierno no agrega respiradores a la Argentina sino que se arroga la facultad de repartirlos.

El artificio queda al final al descubierto. No es salud o producción, vida o confinamiento. De lo que se trata es de transferir toda la responsabilidad al Estado, incluso la de determinar quién vivirá.