La FIFA tendrá que afrontar una carga de litigios por su recomendación de extender los contratos de los futbolistas hasta que se puedan completar las temporadas que fueron paralizadas por la pandemia de coronavirus.

El organismo rector del fútbol mundial hizo la recomendación en una serie d parámetros con los que buscaba desenredar la compleja situación generada por la interrupción de actividades a raíz del coronavirus. Otro de los objetivos esgrimidos por la FIFA es preservar la integridad y estabilidad de las distintas ligas nacionales.

La mayoría de las ligas europeas abriga aún la esperanza de reanudar los encuentros en algún momento. Ello haría que las temporadas concluyeran mucho después de su fecha habitual _prolongándose posiblemente hasta agosto. Sin embargo, los contratos de muchos futbolistas expiran el 30 de junio, y algunos esperaban incorporarse a un nuevo club en julio.

“Uno puede apreciar la complejidad de un intento por fijar algunos parámetros globales”, dijo a The Associated Press Victor Montagliani, el vicepresidente de la FIFA que encabeza la fuerza de tarea sobre el coronavirus. “Entendemos absolutamente que podría haber circunstancias individuales en varias jurisdicciones legales que podrían llevar a algunas preguntas o incluso a algunas impugnaciones.

“Supongo que esto no es diferente a un sistema que teníamos ya y a lo que ocurría incluso antes de que tuviéramos este problema por el COVID-19, en el que, si había una impugnación, se tenía que recurrir a los organismos judiciales apropiados del fútbol... Entendemos plenamente que eso podría ocurrir nuevamente esta vez, y lidiaremos con ello en consecuencia, ya sea en un nivel nacional, de confederación o incluso de la FIFA”, añadió el canadiense Montagliani, quien es además presidente de la Concacaf.

Otra complicación consiste en que los abogados del deporte no consideran que los parámetros de la FIFA, con sede en Zúrich, sean vinculantes para los jugadores, clubes o ligas. Y no está claro qué ocurre si los equipos de diferentes países discrepan sobre qué reglas deberían aplicarse.

En el Chelsea, por ejemplo, hay ya un acuerdo para contratar al extremo Hakim Ziyech, procedente del Ajax, el 1 de julio. En tanto, el delantero Olivier Giroud se quedaría sin convenio después del 30 de junio.

Estaba previsto que la temporada de la Liga Premier concluyera en mayo, pero los equipos tienen todavía hasta nueve partidos por disputar una vez que la actividad se reanude, lo cual podría no ocurrir sino hasta julio.

“Bajo las leyes suizas, como en buena parte de las jurisdicciones, es imposible que un club, un sindicato de futbolistas o una liga extienda de manera unilateral un contrato individual de empleo que expire en una fecha específica”, dijo a la AP la abogada Despina Mavromati, quien fundó el despacho especializado SportLegis Lausanne.

“Todas las partes del contrato deben llegar a un acuerdo y enmendarlo de conformidad con eso. Además, si hay un nuevo contrato que comienza inmediatamente después de la expiración del convenio anterior, las tres partes (el club anterior, el nuevo y el jugador) deben acordar la extensión del viejo pacto y la modificación de la fecha de inicio del nuevo”.

Mavromati representa tanto a clubes como a jugadores en casos y arbitrajes ante tribunales, en múltiples deportes.

“Una extensión contractual no puede contemplarse de la misma forma que, por ejemplo, la imposibilidad de un club de cumplir con los términos del convenio debido a dificultades financieras o a otras razones”, agregó. “E incluso si un caso va a la FIFA y luego al TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte), sería extremadamente difícil, si no es que imposible, que un club haga cumplir una extensión unilateral del contrato de un jugador”.

Sven Demeulemeester, abogado con sede en Bélgica, no cree que las recomendaciones de la FIFA puedan cumplirse de manera obligatoria, porque los contratos se rigen por las leyes nacionales.

“Cuando mucho, los parámetros de la FIFA pueden llevar a negociaciones individuales consecuentes o a contratos colectivos en un nivel nacional”, indicó Demeulemeester “Pero no tienen valor legal como tal”.