(Foto: Maximiliano Luna) (Maximiliano Luna/)

Desde que se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio los bancos y entidades financieras han tenido que cerrar sus puertas, permaneciendo abiertas sus operaciones por homebanking y a través de dispositivos móviles y cajeros. Esto ha expuesto las debilidades de nuestro sistema financiero, lo cual quedó ilustrado por lo que pasó con los jubilados, donde las colas para retirar dinero en medio de la cuarentena causaron el repudio generalizado a las autoridades que no lo anticiparon. Además, se han hecho sentir los reclamos de todos aquellos que no tienen cuentas bancarias ni otras plataformas electrónicas para realizar operaciones de pago -es decir, no utilizan dinero electrónico- que no pueden pagar sus servicios porque los centros de pago que normalmente aceptan efectivo se encuentran cerrados también. Sin embargo, el problema no parece ser la bancarización de la población.

Según el primer Informe de Inclusión Financiera elaborado por el BCRA, nuestro país registraba un 80% de adultos con acceso a una cuenta bancaria o entidad financiera a marzo de 2018, lo cual está por encima de la media de la categoría de economía en la que se encuentra encuadrada la Argentina según el Banco Mundial. El gran problema de nuestro país es la educación financiera: del 80% de usuarios bancarizados, solo la mitad se autopercibe como tal -o sea, reconoce tener una cuenta bancaria-. Según el mismo informe del Banco Central, nuestro país obtuvo en el rubro educación financiera 11,5 puntos de 21, un valor “relativamente bajo a nivel internacional” -y uno de los más bajos de la región según CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. En ese mismo sentido, en 2017, la encuesta de medición de capacidades financieras en Argentina del CAF y BCRA, puso a la Argentina en el puesto 31 de 39 de los países relevados respecto del conocimiento financiero de sus habitantes.

De esa forma, el dinero en efectivo es el incuestionable favorito en la Argentina, aún cuando los medios financieros estén a disposición de la población. De acuerdo al informe de Uso del Dinero Electrónico (UDE) de la Red Link del año pasado, 1 de cada 3 de sus usuarios bancarizados no utilizan el dinero electrónico (retiran todo su dinero mes a mes y se comportan como no bancarizados). En esa misma línea, la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, publicada a fines de 2019 por el Indec, reflejó que casi el 70% de los gastos en nuestro país se realizan en efectivo. Entre los rubros que registran mayor porcentaje de pagos por este medio, están los alimentos y bebidas: un 90% -cuya compra configura una de las excepciones al aislamiento obligatorio-.

Esta tendencia al uso de efectivo también es consecuencia de la informalidad, un problema de índole cultural de la Argentina. Para los sectores de ingresos bajos, casi todos sus prestadores de bienes y servicios se manejan con el cobro en efectivo. En otros estratos sociales, hay una aversión al sistema bancario; ya sea como un reflejo de su memoria de lo ocurrido con los depósitos en el 2001, o como objeto de la poca transparencia con que algunos gobiernos que vinieron después se manejaron en relación al secreto fiscal. Para otros, es la herramienta para la evasión fiscal. De esa forma, muchos argentinos les escapan a los bancos o teniendo una cuenta, prefieren retirar todo su efectivo y no usarla. El desafío es usar las nuevas tecnologías para intentar romper estas barreras culturales y sociales. En este marco, se ha señalado a las fintech como la herramienta necesaria para fomentar la inclusión financiera en las economías en desarrollo que tienen bajos niveles de bancarización o educación financiera, como en el caso de Tailandia, según un reporte del Banco Mundial de julio de 2019.

Este problema necesita que la Argentina adopte políticas públicas a largo plazo que garanticen la inclusión y la educación financiera. Para CAF, la educación financiera es clave para la inclusión y los programas de educación deberían segmentarse según nivel de ingresos, calidad y regularidad de los ingresos, género y edad, entre otros. Sin embargo, Argentina no tiene una estrategia nacional de educación financiera (ENEF) propiamente dicha, como si lo tienen Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, aun cuando el BCRA, junto con otras instituciones financieras haya implementado recientemente algunos programas de educación financiera, destinados a estudiantes secundarios.

Más allá del panorama a largo plazo, el aislamiento obligatorio nos puso ante la urgencia de cómo instrumentar el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y facilitar las operaciones de pago electrónico a quienes no tienen acceso al sistema bancario. Ante esta situación, las fintech y sus billeteras virtuales, que ya estaban en auge antes de la crisis, se posicionaron ante el Gobierno como la herramienta adecuada para la ocasión. Estas plataformas permiten desde el celular pagar servicios, recibir dinero, enviar dinero, y en definitiva, realizar múltiples tipos de operaciones sin efectivo, no solo a personas que ya están bancarizadas, sino también a las que no lo están. Ello indica el potencial de las billeteras virtuales y su funcionalidad al poder integrar rápidamente a miles de personas que no están integradas al sistema financiero. Esto llevó al Estado no solo a incluirlas dentro de las opciones de pago para el IFE, sino que también a lanzar nuevas billeteras virtuales desde la banca pública, como la Cuenta DNI del Banco Provincia de Buenos Aires.

Si bien la decisión del Gobierno fue correcta, el contexto de emergencia sanitaria actual nos lleva a preguntarnos cómo puede propenderse al uso de dinero electrónico para evitar romper el aislamiento, aprovechando el potencial de las billeteras virtuales. Es un momento clave para fortalecer su uso y lograr mayor inclusión financiera; pero, dada la falta de educación financiera de nuestros habitantes, para ello será necesario implementar una serie de medidas. Por un lado, es necesario que la AFIP haga cumplir la exigencia de que todos los comercios deban admitir pagos con tarjeta de débito, ya que se dictaron normas sobre un cronograma que nunca se cumplió. Luego se incorporó además la modalidad de PEI o códigos QR para cumplir con este requisito.

Por otro lado, para apuntalar esa exigencia, se deberían disponer beneficios fiscales para los comercios y profesionales independientes e incentivos para los nuevos usuarios. En relación a estos últimos, debería considerarse la devolución del IVA en los pagos de todos aquellos que reciban el IFE, como ya se hace en el caso de los que cobran la AUH y jubilaciones y pensiones mínimas con las tarjetas de débito. Eso sí, la devolución debería ser de mayor importe o sin tope, ya que la experiencia con los beneficiarios nombrados no ha logrado torcer la tendencia hacia el efectivo. También debería considerarse ampliar el pago de otras transferencias del Estado a través de estos medios.

Además de los beneficios mencionados, el aumento del uso del dinero electrónico, con un mecanismo que facilite la registración de las operaciones de la economía informal, permitirá disminuir la evasión impositiva y con ello fortalecer la equidad tributaria.

El autor es diputado de la Nación de la UCR en Juntos por el Cambio por la provincia de San Luis, y vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.