Inspectores controlan una góndola de un supermercado

Los intendentes son la primera línea política. La trinchera entre las necesidades de los vecinos, de los ciudadanos, y las necesidades básicas que sufren. El aumento de precios en alimentos y producto de limpieza -máxime en época de pandemia- es uno de los principales problemas a los que se enfrentan en la actualidad, junto a la merma de los ingresos económicos ante la imposibilidad de desarrollar trabajos informales a causa del “aislamiento obligatorio”.

Esa fue una de las razones por la cual el presidente Alberto Fernández autorizó a los intendentes del todo el país, a través del decreto 351/2020, “la fiscalización y el control” de los precios para garantizar que los comercios cumplan con la exigencia de retrotraer los precios máximos de 2.300 productos, vigentes al 6 de marzo, esto es tres días después que se conociera el primer infectado por coronavirus. Infobae realizó un relevamiento en una docena de municipios del Conurbano Bonaerense, La Plata y el interior de la provincia de Buenos Aires, para conocer los primeros resultados de la medida.

Como denominador común surge que tanto las grandes cadenas de supermercados como los almacenes de proximidad y los “chinos” aumentaron los precios hasta un 70% por arriba de los valores estipulados por la Secretaría de Comercio Interior. Alimentos de primera necesidad como fideos, arroz, harina, latas de conserva y hasta agua mineral, fueron donde más impactaron las subas.

En los productos de limpieza las variaciones fueron más dispares y podían trepar a un 50% o un 100%, en casos como jabón de tocador, lavandina, alcohol puro -por los general no había- es decir los más buscados en momentos de COVID-19.

Axel Kicillof en diálogo vía teleconferencia con algunos intendentes bonaerenses

En gran mayoría de las intendencias la modalidad adoptada es la siguiente: se los inspecciona, se verifican los precios, y si hay subas, se les labra un acta y se los compromete a bajar los montos a los fijados en la página www.argentina.gob.ar/preciosmaximos.

En una segunda visita, si no se adecuaron los valores de los productos, se clausura el comercio -los tiempos varían según la localidad-, o se impone una multa económica que puede ser en efectivo, aunque en buena parte de las municipalidades se opta por el pago en especies, esto es cubrir el monto con alimentos para ser distribuido entre la población más necesitada a través de las secretarias de desarrollo social de las comunas.

Los inspectores municipales, por lo general van acompañados, por ejemplo, por agentes de bromatología, quienes ya decomisaron cientos de kilos de alimentos, por lo general lácteos, por estar vencidos o no cumplir con la cadena de frío y de la AFIP.

Las verdulerías y carnicerías presentan una dificultad mayor. La primera por el valor estacional que tienen frutas y verduras y porque recién la semana pasada el Mercado Central elaboró precios de referencia para la venta mayorista y minorista. El segundo rubro porque directamente no hay valores comparativos y por la disparidad de cortes y calidades de carne (ternera, novillo, novillito) y los carniceros, sostienen los intendentes, justifican los aumentos porque sus piezas “son de calidad de exportación", cuando está a la vista que no lo son.

Cada municipio, cada intendente, en cada lugar, desarrolló su propia experiencia

Mar del Plata

El puerto de Mar del Plata

En la intendencia de General Pueyrredón el ex fiscal y ex juez federal, Guillermo Montenegro (Cambiemos), implementó desde el comienzo de la pandemia la Mesa Digital de Entrada. Allí los vecinos canalizan sus denuncias, ya sea por incumplimiento de la cuarentena o por “precios desmedidos". Antes del 9 de abril, fecha en que comenzó a regir el DNU, en el municipio, cuya cabecera es la ciudad balnearia de Mar del Plata, se habían registrado 148 quejas por precios excesivos, sobre todo en alimentos de primera necesidad.

A esa cifra hay que agregarle las 20 quejas que se sumaron a partir de esa fecha. De esas denuncias, 6 fueron por el precio desmedido en alcohol en gel, que podía llegar hasta los $ 2.500 por litro; y 14 por suba en el precio de alimentos.

Las excesivas subas en frutas y verduras eran justificadas ante los inspectores por la “escasa entrega de los productores a los comercios”. Sin embargo, desde la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón se aseguró que eso es “falso” ya que “no hay faltantes de mercadería” y apelaron a la “responsabilidad” con los precios ya que, al igual que los inspectores de General Pueyrredón, notaron “grandes desfasajes entre el precio de los alimentos cuando salen del sector de quintas y el que registran en los puntos de venta finales”.

Al no existir precios de referencia para este tipo de productos, el Abasto Central Mar del Plata, a través de sus consignatarios, por ejemplo Guadalupe, difundieron la lista de precios al que son vendidos a los verduleros. Algunos ejemplos hablan de la remarcación desmedida en los puntos de venta de proximidad en medio de la cuarentena.

Los 18 kilos de tomate redondo eran vendidos por los productores a 500 pesos. Sin embargo, en las verdulerías marplatenses el kilo era vendido al público entre 150 y 200 pesos.

Los 18 kilos de naranja para jugo -se sabe que la vitamina C es recomendada para esta época del año y por eso es tan requerida- salían del Abasto de Mar del Plata a 450 pesos. En cambio, un solo kilo era vendido por los verduleros a 80 pesos Es decir le imprimían una ganancia del 300%.

Semanas antes de que Fernández le otorgara el poder de policía a los intendentes para contener la subida de precios, los inspectores de Montenegro, bajo las órdenes de la Subsecretaría de Inspección General ya había impulsado el cierre de varios comercios, por ejemplo, ubicados en la clásica y concurrida peatonal San Martín.

Las razones fueron varias, pero se destacaba, por ejemplo, la situación de una regalería que reabrió sus puertas -cuando no podía hacerlo porque esa actividad no estaba exceptuada- para vender alcohol en gel, además a un precio abusivo, 250 pesos los 80 mililitros.

El desborde de precios durante los días previos al dictado de la cuarentena era tal en Mar del Plata que la propia Liga de Usuarios y Consumidores de Mar del Plata confeccionó una lista “de vendedores abusivos de productos de la canasta básica alimentaria” que le fue aportada al intendente Montenegro para que este “la entregue al organismo ejecutivo correspondiente o aplique las sanciones contempladas por la ley”.

Fue lo que se hizo. A eso se sumó las denuncias a la Mesa Digital de Entrada. Gracias a la acción en conjunto de la sociedad civil y la municipalidad de General Pueyrredón se descubrió también que algunas farmacias no cumplían con la atención a afiliados a PAMI o no se realizaban los descuentos obligatorios por convenio.

San Vicente

Un encuentro del peronismo bonaerense en 2017 en San Vicente (Foto: Télam)

“Los controles de precios los hacen los inspectores de la municipalidad solos o muchas veces acompañados por funcionarios de secretaría de Comercio Interior de la Nación y el ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Verificamos los temas centrales, los precios máximos y el abastecimiento”, le explicó a Infobae el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza (PJ).

El alcalde reconoce que desde que se “intensificaron los controles, mejoraron los precios y la falta de productos, sobre todo de limpieza y de alimentos en las góndolas”.

En el distrito, ubicado a unos 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se optó por realizar "multas y clausuras preventivas en los comercios que se excedían en los precios máximos, o se negaban a retrotraerlos al valor del 6 de abril pasado. “Las multas -explica Mantegazza- por lo general son de $100.000 pero efectivizadas en alimentos que después son distribuidos a través de los planes sociales a las familias más vulnerables del distrito”.

Según la experiencia local, tres supermercados chinos fueron clausurados de manera momentánea entre 6 y 48 horas. El tiempo suficiente para bajar los altos precios y adecuarlos a la lista de los 2.300 productos con precios máximos.

“La idea es no clausurar los lugares durante mucho tiempo porque esto perjudica también al vecino”, razona el intendente quien, como la mayoría de sus pares, encuentra mayores dificultades en verdulerías y carnicerías ya que no hay precios de referencia.

“En las carnicerías es más compleja nuestra función de policías de precios porque no hay una referencia -sostiene-. En ese sector es donde detectamos los mayores abusos y apelamos a la voluntad de los dueños de los lugares. Muchos de ellos, después de las reiteradas inspecciones bajan los precios, otros no. Además dicen que venden carne de calidad de exportación cuando a simple vista se observa que esto no es así".

El intendente de San Vicente se encontró con un tercer problema. Algunos almaceneros intimados le mostraban a los inspectores las listas de precios que recibían de los mayoristas y allí quedaba en evidencia que los comercios de proximidad ya recibían los alimentos con precios abusivos.

“Muchos de los problemas están en ese eslabón de comercialización. Pero en nuestro distrito no hay distribuidores mayoristas, por eso dependemos que los sanciones en los otros municipios", precisa el jefe comunal.

Mercedes

Juan Ustarroz y el ministro del Interior Eduardo De Pedro

Juan Ustarroz (PJ), el intendente de Mercedes, se encontró con el mismo inconveniente de buena parte de sus pares. En su distrito los comerciantes abusaban de la remarcación de precios, pero con los controles, no solo de los inspectores locales, sino también acompañados por la AFIP, y después de algunas clausuras y multas, “los precios se acomodaron”, reconoce el hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Sin embargo, carnes, frutas y verduras son un territorio complicado. Para Ustarroz, el feroz aumento en, por ejemplo, la carne vacuna, era -y es- un problema a varias bandas. No hay referencia de precios. Los carniceros se atajan sosteniendo que los frigoríficos son los que remarcan la mercadería y esto termina impactando en el bolsillo de los vecinos, y de las arcas municipales.

¿Cómo es esto? El propio alcalde le contó a Infobae que la intendencia, a través de varios planes asistenciales, está a cargo de proveer de alimentos a, por ejemplo, los comedores y merenderos del distrito. Hasta antes de la pandemia, la municipalidad compraba en las carnicerías del distrito, unos 1.700 kilos de carne por mes, pero ahora esa cantidad se triplicó y la recaudación cayó.

Por esa razón, desde el jueves pasado, la municipalidad negocia el precio del ganado directamente con los productores de la zona y ya no con las carnicerías. Con esta operatoria, las arcas municipales tienen un ahorro del 50% ya que evitan la intermediación.

El miercoles en la localidad de Mercedes se clausuró un distribuidor mayorista de frutas y verduras por no ajustar sus precios a los indicados por la secretaría de Comercio Interior

De todos modos, el ahorro en la primera etapa será del 100% ya que Ustarroz consiguió una importante donación de novillos para en

carar la primera etapa de la expansión de los planes alimentarios de su distrito.

Pero no todas son buenas noticias en Mercedes. El pasado miércoles se clausuró de manera preventiva una verdulería mayorista y minorista, ubicada en la Avenida 2 y la calle 121 por no cumplir con los precios referenciales dispuestos por el Mercado Central. La orden fue dictada por el juez de faltas Matías Maresca y el operativo se realizó con inspectores de la AFIP, de la Secretaría de Comercio Interior y del municipio.

“Nuestro objetivo no es clausurar los negocios, sino que se respete la Resolución 100 de la Secretaría de Comercio, que establece que todos los supermercados, minimercados, almacenes de barrio y mayoristas tienen que retrotraer los precios al 6 de marzo”, sostuvo ante Infobae el intendente quien además destacó: "Los más rápidos que se se aggiornaron a los precios máximos fueron las grandes cadenas, los mayoristas y las distribuidoras. Al resto les costó un poco más. Nuestra idea no es que las clausuras duren mucho tiempo. El comercio de proximidad, por lo general está cerrado hasta que baja los precios. Y las multas se cobran en alimentos para que estos vuelvan a la comunidad a través de los planes sociales de ayuda a los que más lo necesitan”.

Quilmes

Personal militar con máscaras protectoras entrega una ración de alimento en un barrio pobre de Quilmes (Foto: Reuters) (Matias Baglietto/)

“Estamos llevando adelante operativos en todo el distrito para controlar que no haya precios excesivos. Varios procedimientos los realizamos directamente porque los vecinos denunciaron los abusos de precios al 0800-999-5656 que es nuestro número gratuito para atender los reclamos. Estamos cuidando el bolsillo de los quilmeños y las quilmeñas, entendiendo también que este es un momento que requiere de la responsabilidad y el compromiso de todos”, le dice a Infobae Mayra Mendoza (Frente de Todos).

Quilmes fue una de las comunas más activas en cuanto al relevamiento de precios realizados en el marco de COVID-19. Se hicieron 260 inspecciones, se labraron 21 infracciones y se ejecutaron 18 clausuras ante la negativa de los comerciantes de bajar los precios.

Según los registros de los inspectores locales, los productos que más aumentaron en los comercios de proximidad fueron las verduras, las frutas, el alcohol en gel, la carne vacuna, el pollo, los huevos, artículos de limpieza.

Y, al menos en Quilmes, las grandes cadenas de supermercado aplicaron subas por encina de los precios máximos en productos como aceite, choclo en granos, galletitas de agua, pañales, fideos, sal, galletitas tipo obleas, yerba, cacao y sal. En estos hipermercados -los más conocidos- también se encontró desabastecimiento en aceite, productos de limpieza y desinfección, papel higiénico y rollo de cocina, lácteos.

Escobar

Ariel Sujarchuk

Ariel Sujarchuk (Frente de Todos), el intendente de Escobar, dispuso que unos 100 funcionarios de varias áreas municipales salgan a la calle a controlar que se cumplan con los precios máximos fijados por la secretaría de Comercio Interior.

Como en otras localidades, la dispersión en los valores de un mismo alimentos variaban de un comercio a otro y podían llegar a superar largamente el 50% de los dispuesto en el listado oficia. En el distrito, ya se realizaron 650 “acciones de notificación y fiscalización de precios máximos”. Y, según le afirma el jefe comunal a este medio, "prácticamente la totalidad de los comercios los cumplen. Y aquellos que son notificados enseguida se adecuan”.

“Cuando comenzó la cuarentena creamos una línea de WhatsApp para recibir denuncias. Tuvimos un pico de 100 denuncias el 30 de marzo por abuso en los precios. Hoy recibimos unas 10 denuncias diarias. Esto significa que los controles resultan", asegura el jefe comunal.

José C Paz

En José C Paz también se inspeccionaron y clausuraron comercios por no retrotraer los precios al 6 de marzo pasado.

En la intendencia gobernada por el histórico cacique peronista Mario Ischii también se envió un pelotón de inspectores a la calle para luchar contra los incrementos de precios. Un flagelo que se vuelve insoportable para los habitantes del lugar que, en buena parte del distrito de José C Paz, lidian contra la desocupación y los escasos recursos que ingresan a las familias más desprotegidas.

Los sectores más vulnerables, como ocurre en La Matanza, Quilmes, Moreno, entre otros municipios, son asistidos con un refuerzo alimentario otorgado desde la intendencia y con el apoyo del ministerio de Desarrollo social de la Nación, a cargo de Daniel Arroyo.

Los controles están a cargo de la Secretaria de inspecciones generales y defensa del consumidor. Si bien estas acciones ya se venían realizando antes de la firma del DNU de Alberto Fernández, desde ese momento, y a través de la página web de la municipalidad se recibieron 488 denuncias. Vía facebook llegaron otras 115. En total se realizaron 335 inspecciones y se clausuras 22 comercios.

Morón

Lucas Ghi

En la municipalidad de Morón, a cargo de Lucas Ghi (PJ), los controles de precios máximos que ya venía realizando el municipio se intensificaron en el marco del decreto presidencial. Se reforzaron las cuadrillas de 12 inspectores y agentes de Defensa del Usuario y Consumidor que estaban dedicados al control de precios. Ahora -según se explicó a este medio- son 18 agentes de Inspección General y 11 de Usuarios y Consumidores.

En los últimos tres días, precisa el alcalde, “se fiscalizaron 90 comercios barriales, en especial, almacenes, verdulerías y carnicerías, 15 supermercados chinos, dos grandes cadenas y dos mayoristas". En esa recorrida, los funcionarios constataron que “en general, los comercios mayoristas y las grandes cadenas respetan más los precios, por volumen de ventas y capacidad de pago. En algunos ‘chinos’ y negocios de proximidad es donde se registran mayores irregularidades. En estos casos, evitamos el cierre o la multa y los conminamos a que acomoden los precios, para evitar el cierre de bocas de expendio y de trabajo”.

La Plata

Controles de circulación en La Plata

En la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, el municipio, a cargo de Julio Garro (Juntos por el Cambio), se creó un sistema de monitoreo de abastecimiento y precios de productos esenciales a “través del cual se conformaron 15 equipos de trabajo integrados por funcionarios del ejecutivo municipal y del cual también forman parte concejales de todos los espacios políticos”, le explica a Infobae Rosario Mendoza Peña, la directora de Defensa del Consumidor.

Desde su implementación, ya fueron relevados 420 comercios entre supermercados, hipermercados, puntos de venta mayoristas y comercios de proximidad, como almacenes barriales y supermercados ‘chinos’. De ese total, fueron sancionados con multas, o multas y clausuras preventivas, 50 negocios “por aumentos desmedidos de precios”.

Una de las mayores sorpresas con la que se encontraron los inspectores es que, a pesar de las advertencias que recibían los comercios por parte de los inspectores, bajaban los precios unos días, y cuando volvían al lugar, los habían aumentado otra vez. Por esa irregularidad, hay comercios a los que se les impuso multas económicas que alcanzan hasta los 10 millones de pesos y la clausura del lugar.

Las tareas de relevamiento y fiscalización están encabezadas por la Dirección de Defensa del Consumidor junto a inspectores de Control Ciudadano.

En La Plata, como en otros municipios, también se encontraron que muchos comercios de proximidad explicaron que no podían cumplir con los precios máximos y mucho menos retrotraer los valores de los alimentos, porque estos venían remarcados de manera abusiva desde los mayoristas. El hecho quedó probado, no solo por las facturas que mostraban los comerciantes, sino al inspeccionar esos lugares. porque estos venían remarcados de manera abusiva desde los mayoristas.

De todos modos, los inspectores se encontraron con un problema que al día de hoy no tiene una solución tajante. Si bien el precio por unidad en los mayoristas es inferior o igual al del listado de “precios máximos”, esto deja un margen exiguo para que los revendedores puedan obtener una ganancia que al menos les cubra la inflación mensual y los gastos diarios que genera el solo hecho de abrir un negocio.

(Telam)

Esta es una de las razones, detallan, por la cual algunos comercios decidieron bajar sus persianas, al menos mientras dure la pandemia, los controles y los desmedidos aumentos de quienes a ellos los abastecen.

En La Plata, pero también en otros distritos, parece haberse desatado una especie de “guerra de precios” entre los comercios chicos y los mayoristas que abastecen a estos. Quizás por esta razón, los grandes hipermercados, después de ser advertidos, o multados, terminan cumpliendo con los requisitos que se les imponen ya que ellos son, en muchos productos, formadores de precios de sus propias marcas.

Y aquí un nuevo inconveniente. También por eso suelen faltar productos de las denominadas “primeras marcas”, por ejemplo, de aceite, conservas, fideos y azúcar. Es allí donde se debería aplicar la ley de abastecimiento.

San Fernando

Juan Andreotti, Axel Kicillof y Sergio Massa

En la localidad gobernada por el peronista Juan Andreotti, también se llevan adelante controles de precios máximos. De lo 129 negocios inspeccionados se clausuraron 15. Las inspecciones están a cargo de los equipos de Orden Urbano, a los que se suman funcionarios de las áreas de las Secretarías de Gobierno y Economía.

La mayor cantidad de multas y clausuras se realizaron en locales de Victoria y Virreyes. En esos lugares no solo no respetaban los precios fijados por el gobierno nacional, sino que en las góndolas y heladeras había productos vencidos.

Otro de los comercios, en este caso ubicado sobre la avenida Arnoldi, fue clausurado por no tener habilitación comercial y vender alcohol. Allí se secuestraron 20 cajones de cerveza, 4 de vino, 3 packs de cervezas en lata y 4 garrafas de gas.

En diálogo con Infobae, el Secretario de Economía de San Fernando, Germán Roldán, explicó: “Muchos de los operativos se organizan en base a los reclamos de vecinos que denuncian cuando observan aumentos de precios, o que los productos están por arriba de la lista de los precios máximos".

El funcionario asegura que se encontraron con un incremento promedio de precios de un 70%. En esos casos, sostiene Roldán “no hay advertencia, clausuramos y aplicamos multas porque directamente estaban robando. En esta situación de cuarentena obligatoria es muy importante estar atentos y controlar las irregularidades que impactan directamente en el consumo de nuestros vecinos y dificultan el abastecimiento de insumos esenciales”.