Instituto Médico Brandsen

Un equipo de policías y agentes del Poder Judicial allanaba en la tarde del jueves el Instituto Médico Brandsen, la clínica privada de esta ciudad bonaerense donde en menos de una semana murieron dos familiares directos del futbolista Walter Montillo: primero su abuelo Oscar y a los pocos días su papá Walter Oscar, quien luego se confirmó que tenía coronavirus.

La fiscal Mariana Albisu comanda una investigación surgida por las denuncias del Municipio de Brandsen y otra de oficio donde se acusa a las autoridades del sanatorio de ocultar que en el caso de Walter Oscar Montillo existía la sospecha de que se traba de un paciente con COVID-19.

La casa de sepelios que trasladó el cuerpo del papá del ex jugador de San Lorenzo y Tigre fue la que advirtió, tras enterarse por una conferencia de prensa que dieron el intendente de Brandsen junto al director de la clínica, que era un caso positivo.

Y tras saberlo, uno de sus propietarios, Gastón Pourtau, aseguró que no se habían seguido los protocolos, es decir que la clínica no usó los elementos de bioseguridad necesarios ni le confirmó en el certificado de defunción que se trataba de un “caso sospechoso”. El último sábado tras un allanamiento la Justicia confirmó la irregularidad.

Además, hay al menos tres trabajadores del Instituto Médico Brandsen contagiados y otros cuatro casos sospechosos. Dos enfermeros están en terapia intensiva, uno de ellos en grave estado. Su director, Daniel Navarro, permanece aislado y en cuarentena en la clínica, que cerró sus puertas tras conocerse los hechos. Sacaron a sus pacientes y aislaron a sus trabajadores.

En ese lugar murió Oscar Montillo, de 92 años, el 1 de abril. Según el certificado fue una muerte por arritmia. Pero el hombre tuvo fiebre, uno de los síntomas del coronavirus. Seis días más tarde murió su hijo, de 61. A Walter Oscar lo internaron el 31 de marzo y el 4 de abril enviaron muestras para analizar si se trataba un caso de COVID-19. Tres días más tarde murió y horas después la clínica fue notificada de que se trataba de un positivo.

El intendente Oscar Daniel Cappelletti junto a Navarro dieron una conferencia de prensa donde comunicaron el caso y revelaron la identidad de la víctima. Según la denuncia que el jefe comunal hizo en la comisaría local, él se enteró de posibles irregularidades por las declaraciones públicas atribuidas al dueño de la cochería.

Según Cappelletti, Navarro le aseguró que cumplió con todos los protocolos. “Estoy indignado por esta irresponsabilidad”, declaró el Intendente.

A través de su abogado Alfredo Gascón, la clínica presentó un escrito a la fiscal Albisu en el que asegura que cumplió los protocolos. Que a Walter Oscar Montillo se lo retiró del edificio con la bolsa mortuoria correspondiente y aportó la captura de la cámara de seguridad del supuesto momento. Además el IMB le entregó a la investigadora una presunta captura de pantalla en la que el 2 y 3 de abril Navarro le avisa del caso sospechoso al secretario de Salud de Brandsen, Pablo Costela.

Fuentes de la investigación adelantaron a este medio que hay pruebas e indicios de irregularidades. La más concreta es la relacionada con los elementos de tratamiento del cadáver. Pero también habría información importante en las historias clínicas de los pacientes.

Durante el allanamiento, fuentes policiales confirmaron que se buscaban indicios, y fundamentalmente imágenes de las cámaras. Seguramente para corroborar si la imagen presentada por la clínica es real.

En algún momento se espera, lógicamente, que Albisu cite a declaración testimonial a los trabajadores de la clínica. El abogado Gascón presentó algunos nombres para que sean citados.

Oscar Cappelletti, intendente de Brandsen, en el ojo de la tormenta

La Justicia investiga la negligencia de Navarro y el resto del equipo médico. El virus crece de manera exponencial por su altísima capacidad de propagarse. El Municipio pidió con una nota al Ministerio de Salud bonaerense que intervenga la clínica para que pueda funcionar, ya que solo queda disponible el hospital local, que cuenta con apenas cinco respiradores.

Además, cuatro de los enfermeros del IMB también trabajan en la salud pública de San Vicente, la ciudad vecina. Es decir que, sin saber, llevaron el coronavirus a otro territorio. Las consecuencias están todavía en análisis. Todos los vínculos cercanos de estas personas fueron testeados y se esperan los resultados.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, denunció a las autoridades del IMB en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora por la posible violación del artículo 202 del Código Penal, que reprime con una pena de tres a quince años “al que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. Hacia el mismo lado es probable que vaya la investigación de Albisu, por ahora caratulada como “averiguación de ilícito”.

“Las personas no estaban en el sistema de vigilancia epidemiológica y sus historias clínicas tienen unas cuantas inconsistencias”, remarcó una fuente con acceso al expediente judicial.

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