Familiares de presos de la revuelta social de octubre en Chile protestaron este viernes para exigir la libertad o cambiar la prisión provisional por arresto domiciliario, tras el indulto a unos 1.300 presos debido a la amenaza del coronavirus que no los incluyó.

Unas 50 personas se congregaron este viernes en las afueras de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, donde denunciaron que las distintas instituciones de justicia del país han utilizado la medida cautelar de prisión preventiva "como herramienta de castigo y de control social" sobre quienes desafiaron el orden imperante.

De acuerdo a los organizadores de esta manifestación, son más de 2.500 las personas las que fueron encarceladas tras las protestas sociales contra el gobierno de Sebastián Piñera, que estallaron el 18 de octubre del año pasado, con saqueos, ataques al comercio, barricadas y enfrentamientos con la policía.

Esta crisis dejó unos 30 muertos y cerca de 400 personas con heridas oculares graves tras recibir disparos de perdigones por parte de la policía.

Debido a la amenaza del coronavirus, que deja hasta el momento más de 100 muertos y más de 9.000 contagios, el gobierno promovió un indulto general para condenados por delitos menores, mayores de 75 años, embarazadas y mujeres con hijos.

Excluyó a condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y aquellos que purgan prisión preventiva, como es el caso de los detenidos durante la revuelta social.

Piñera dijo, además, que era favorable a una ley humanitaria para que represores con enfermedades terminales que cumplen condenas en la cárcel especial de Punta Peuco pudieran morir en sus casas.

Con una población penal de unos 42.000 reclusos y algunos brotes de coronavirus confirmados en recintos penitenciarios, las cárceles chilenas son "una bomba de tiempo" según un reporte de la Corte Suprema.

Consultado por la AFP, un vocero del Poder Judicial dijo que no era posible confirmar la cifra de apresados tras la revuelta social entregada por las familias, ya que están agrupados por distintos delitos comunes, como robos, incendios o saqueos.

Las manifestaciones, en favor de profundos cambios sociales, pusieron en jaque al gobierno de Piñera, que seis meses después de la revuelta y en medio de la emergencia sanitaria, ha logrado subir sus niveles de adhesión pública.

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