El aplauso diario a los trabajadores de salud se impuso durante la cuarentena (REUTERS/Agustin Marcarian) (AGUSTIN MARCARIAN/)

El país está atravesando una gravísima crisis. El coronavirus y un default en ciernes han llevado a la economía de este país a una situación extrema. La pandemia obligó a lo que el Gobierno denominó aislamiento social obligatorio. Consecuencia inmediata de este aislamiento, industrias, comercios, cuentapropistas, profesionales debieron bajar sus cortinas y se vieron imposibilitados de trabajar y producir, lo que naturalmente implica no poder generar ingresos. Ello llevó a muchos gremios a tener que llegar a acuerdos de baja de salarios con las respectivas cámaras empresariales. Acuerdos en los que se ponderó y privilegió el mantenimiento de las fuentes de trabajo para así evitar despidos masivos provocados por la falta de actividad. Frente a este cuadro de situación, la población le pidió a la política un gesto de solidaridad y que bajara sus salarios para bajar el gasto público. Sin embargo, el Presidente de la Nación rápidamente respondió que no le parecía justo bajarse los sueldos, y que ello sería tan solo un acto de demagogia. Un Presidente que no se cansa de exigir solidaridad a la ciudadanía, considera que cuando se le pide a la política solidaridad ello sería demagogia. Curiosa apreciación de lo que es la solidaridad y la demagogia. Claro, se debería agregar que la solidaridad impuesta por decreto no es solidaridad; la solidaridad es espontánea, nunca obligada.

En el contexto de esta pandemia, los trabajadores de la salud se erigieron en los “héroes” silenciosos que debieron enfrentar en primera línea este virus desconocido, exponiendo sus vidas y en muchos casos las de sus propias familias. Mientras tanto, se multiplican los trabajadores que no tienen ingresos mínimos para afrontar gastos básicos como comida, remedios o habitación. Y también trabajadores que al no percibir sus sueldos no pueden cumplir con sus obligaciones regularmente. Del otro lado, un Estado que parece desentendido de toda esta situación y exige el pago de impuestos como si la actividad fuera normal; impuestos municipales, provinciales y nacionales que se despreocupan de la crisis y de la situación de excepción que genera el hecho de no poder salir a trabajar.

Cada vez parece más grande el abismo entre quienes trabajan en el Estado y quienes lo hacen por su cuenta o en relación de dependencia en el sector privado; y entre quienes no trabajan y viven del estado en base a planes o subsidios. Quienes trabajan en el Estado, cobran sus sueldos regular y puntualmente. Trabajen o no. Tenemos el ejemplo reciente de la Vicepresidente de la Nación que, mientras se desataba toda esta grave crisis en el país, se encontraba en Cuba por motivos personales y no de la función; de regreso al país, otros 15 días más de cuarentena sin poder ir a trabajar por el hecho de haber estado en el exterior acompañando a su hija. Sin embargo, sus sueldos y pensiones no solo los debe haber cobrado íntegramente, sino que el Estado debió hacerse cargo de los gastos generados por los custodios de la Vicepresidente que la acompañaron en su viaje, reitero, por motivos personales. Eso es gasto público que se atiende con la recaudación de nuestros impuestos. Reducir ese gasto no es demagogia, es una acto de justicia y de equidad. Impuestos que cada vez son más gravosos y que no reconocen ni atienden la situación excepcional por la que atraviesan los contribuyentes.

El Congreso de la Nación no ha estado sesionando, ello es de púbico conocimiento y ha sido motivo de critica precisamente. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con actividades que sí se quieren realizar pero que están prohibidas por no ser de las consideradas esenciales, y que se han visto obligadas a reducir sus salarios atendiendo a la falta de actividad, en el Congreso no solo no se bajan ni sueldos ni dietas, sino que se les aumenta a quienes hayan concurrido a trabajar.

Quienes viven del Estado, ya sea a través de planes o subsidios, o de ambos a la vez son los grandes beneficiarios y protegidos del Gobierno. No hay funcionario público que no se jacte de repetir que ellos trabajan para los que menos tienen; y en ese norte cada vez refuerzan más y mas los ingresos por planes y subsidios. Ellos no son invisibles, por el contrario, concentran toda la atención del gobierno. El problema se plantea entonces con quienes trabajan en la órbita del sector privado. El Gobierno conoce acabadamente la situación de cada contribuyente, porque conoce sus ingresos. Sin embargo, hace caso omiso de esa realidad y le exige lo que sabe a ciencia cierta que el contribuyente no puede atender sin seguir empobreciéndose. Es el castigo por no trabajar a expensas del Estado. Como decía un viejo eslogan, pertenecer tiene sus privilegios.

El caso más grotesco lo acaban de producir los médicos. Esos héroes silenciosos de los que hablábamos párrafos más arriba, acaban de padecer un recorte en sus ingresos que en algunos casos llega al 40%. Los profesionales más expuestos, de los que más sacrificio se exige en esta pandemia para cuidar y salvar la vida de todos los argentinos, no son preservados en sus ingresos sino que son objeto de recorte en sus salarios. A los médicos se les exige entrega en la primera línea de combate, y se les pide que expongan sus vidas para preservar la del resto de los argentinos.

Sin embargo, a la hora de retribuir todo este sacrificio se le recortan ingresos y sueldos. Lejos están del merecido y sincero reconocimiento que se merecen por su entrega y dedicación; ¿o será que así se les paga en este país a nuestros héroes? Contrariamente, a quienes trabajan en el ámbito del Congreso de la Nación se les pide que se cuiden, que no se expongan y que no concurran a sesionar. Y como si fuera una actividad de riesgo, a quienes concurren se los premia con un aumento en sus ingresos. ¿Será que son esos arrojados trabajadores que ofrendan sus vidas trabajando en el sector público los “verdaderos héroes” a los que hay que premiar y destacar? Que se me disculpe la ironía, pero solo el absurdo puede justificar este despropósito y esta desigualdad de trato. El operario en la fábrica debe ceder parte de su sueldo; el empleador debe pagar a pérdida aunque no genere ingreso. El profesional debe endeudarse para sustituir lo que deja de generar. Del otro lado, el que trabaja en el sector publico cobra íntegramente su sueldo y si trabaja en el Congreso de la Nación, encima es premiado con un aumento; y el que vive de los planes es especialmente cuidado por el gobierno. Una desigualdad que cada vez se profundiza más y más.