Un grupo de 45 países presentaron el martes pasado una declaración en la OMC señalando la necesidad de reforzar la cooperación y coordinación ante la “devastadora tragedia humana” provocada por el COVID-19. La declaración enfatiza el rechazo a las barreras al comercio de suministros médicos asumiendo el compromiso de asegurar el flujo de productos y servicios esenciales ante la crisis sanitaria global. Entre los países latinoamericanos firmantes están Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, México, El Salvador, Guatemala y Perú. Los Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea no apoyaron -aunque por diferentes motivos- el documento.

La Argentina no adhirió al documento por las referencias a la agricultura que podría comprometer al país El párrafo 1.5 insta a los firmantes a prohibir la aplicación de restricciones al comercio de productos agrícolas. La declaración menciona que los miembros se abstendrán de tomar medidas para restringir las exportaciones o implementar barreras en la comercialización de bienes agropecuarios o de la industria alimenticia. La Argentina tiene una larga tradición de utilizar como herramienta anti-inflacionaria la limitación de exportar algunos productos básicos de la canasta familiar como la carne, trigo y maíz para bajar los precios domésticos, que son contrarias a los compromisos de la OMC. Los últimos permisos de exportación conocidos como ROE fueron implementados con convicción en el período 2008/15.

Las retenciones, en tanto no impliquen restricciones cuantitativas, no constituyen obstáculos al comercio porque su finalidad es fiscal. La situación presupuestaria de la Argentina, agravada por la crisis del COVID-19, constituye un argumento legítimo que incluso ha sido avalado por el FMI.

El documento representa también un respaldo al sistema multilateral de comercio en momentos en que los Estados Unidos bloquea el funcionamiento del Órgano de Apelaciones que dirime las controversias sobre los conflictos comerciales, acusa a la OMC de favorecer a China, rechaza un tratamiento diferencial para los países en desarrollo y aumenta los aranceles recurriendo a justificaciones que no se corresponden con las obligaciones del GATT 94. El párrafo 1.8 hace mención al objetivo de reformar las disciplinas para mejorar el funcionamiento de la OMC y encontrar una solución duradera para asegurar la actividad del Órgano de Apelaciones.

El párrafo 1.9 apela a los miembros para que no apliquen barreras injustificables al comercio o inversiones en servicios y mercancías reafirmando el propósito de contar con un sistema multilateral predecible, transparente y no discriminatorio para lograr una recuperación económica sustentable. El objetivo de la OMC desde sus inicios fue promover la liberalización del comercio y servicios como instrumento para el desarrollo según la experiencia de las tres últimas décadas incorporando también normas sobre competencia desleal, inversiones y patentes.

La decisión de la Argentina de no adherir a un documento entre cuyos firmantes se encuentran China, Australia, Reino Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Canadá, Corea, Singapur y 28 países muchos de los cuales son economías emergentes o en desarrollo abre un interrogante sobre cuál será la posición del país en futuras negociaciones comerciales multilaterales. La argumentación sobre las negociaciones de acuerdos de libre comercio en el Mercosur y la retracción en la OMC parecen confirmar la preferencia por un sistema de comercio exterior sujeto a mayor protección y controles con la excusa esta vez de afrontar la extrema situación creada por el COVID-19.

El autor es Licenciado en Economía Política (UBA), Master in Economics (University of Boston) y fue embajador argentino en Tailandia. Es Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)