CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En plena campaña de austeridad para enfrentar la pandemia del coronavirus, el gobierno de México amenaza con recortar fondos a centros de asesoría para mujeres indígenas, coincidiendo con un incremento en los reportes de violencia doméstica durante el confinamiento, denunciaron activistas el miércoles.

Grupos de defensa de los derechos de las mujeres dijeron que el gobierno ahorrará poco dinero con la reducción de los fondos que entrega a las Casas de la Mujer Indígena, que asesoran y defienden a víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, y coordinan programas de salud reproductiva. Cada una de las 30 casas recibe entre 25.000 y 40.000 dólares en financiamiento gubernamental al año.

A finales de abril, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dependiente del ejecutivo, informó a los centros comunitarios que su ya escaso financiamiento se eliminaría por completo. Los activistas comenzaron entonces una campaña para salvarlos.

Rubicelia Cayetano, que ayuda a administrar uno de ellos en el estado sureño de Oaxaca, señaló que han registrado un aumento de los casos de violencia doméstica desde que en marzo se decretó la cuarentena para frenar el avance del nuevo coronavirus.

“Sentimos mucha angustia y desesperación, dado que es un recurso muy importante para poder para salvar la vida de las mujeres que viven violencia", dijo acerca del centro, que atiende principalmente a mujeres indígenas mixe. Hace apenas un par de semanas, una de ellas, que había recibido una paliza a manos de su esposo y cuya vida estaba en peligro, llegó al albergue con su hijo de 5 años.

Los centros son más necesarios que nunca porque “en esta contingencia del COVID-19, la violencia hacia las mujeres ha aumentado pues ahora están conviviendo más con su agresor”, señaló.

Los datos del Sistema de Seguridad Nacional mostraron que los llamados de emergencia para reportar casos de violencia doméstica pasaron de 52.858 en febrero a 64.858 en marzo, mientras que los de violencia contra la mujer crecieron un 20% en el mismo periodo. El número de mujeres asesinadas en todo el país pasó de 219 en febrero a 254 en marzo.

Amnistía Internacional calificó tanto las cifras como los recortes gubernamentales de “alarmantes” y señaló que los refugios para mujeres estaban llegando al máximo de su capacidad.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios, pero el miércoles, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, negó rotundamente que las agresiones contra las mujeres hayan aumentado, y respondió a los reportes de violencia doméstica con una emotiva defensa de la familia mexicana.

“Se partía del supuesto de que si se estaba más tiempo en las casas podía darse más violencia familiar. Esto no necesariamente está sucediendo, porque no se puede medir con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia”, dijo López Obrador.

El mandatario no respondió preguntas sobre los recortes, pero casi sugirió que el problema era imposible en los hogares mexicanos, afirmando que en el país “no aplica de todo" los “mismos parámetros de otras partes del mundo” para contabilizar la violencia en el hogar.

“Sí, sí, sí, existe machismo, pero también existe mucha fraternidad familiar”, aseguró AMLO, como se le conoce popularmente. “La familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno (...) son de las cosas buenas que tenemos”.

López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de transformar el gobierno para servir a los pobres, a los olvidados y a la población indígena. Pero cree que la mejor forma de hacerlo es poniendo dinero directamente en el bolsillo de la gente a través de programas gubernamentales de empleo, becas y pensiones, y desconfía de las iniciativas no gubernamentales.

Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional en México, dijo que “es una muy mala señal" que López Obrador niegue que ha habido un incremento de la violencia contra la mujer, y pidió al ejecutivo que deje de recortar los programas que las protegen.

Las Casas de la Mujer Indígena son vitales porque, según activistas, ellas enfrentan más pobreza, opresión, falta de poder, aislamiento y maltrato que casi cualquier otro grupo en México. Los 9,5 millones de indígenas del país tienen una tasa de contagios por coronavirus más baja que el resto de la población — el Instituto reportó apenas 210 casos confirmados y 43 decesos — pero el aislamiento autoimpuesto en sus localidades para evitar la pandemia, ha aislado más aún a las mujeres.

Las barreras lingüísticas o culturales hacen a menudo que las indígenas estén menos dispuestas o capacitadas para presentar quejas por violencia doméstica, y son menos escuchadas si lo hacen. El personal de la casas, en su mayoría bilingües, actúan como defensores, traductores y enlace con parteras, servicios sociales o albergues.

“Cuando llegan a las instancias oficiales, no les hacen caso porque muchas veces no les entienden la lengua que hablan”, aseguró Cayetano.