La oposición no pudo sesionar el jueves en la Ciudad (@CarlosTomada)

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la ley Emergencia Económica y Financiera, una norma que le otorga una serie de herramientas al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para enfrentar a la pandemia de coronavirus. Entre otras atribuciones, el Jefe de Gobierno podrá reasignar de partidas, determinar la continuidad o no de programas no esenciales y de contratos de bienes y servicios.

El proyecto, que fue negociado durante dos semanas entre el oficialismo y la oposición, fue aprobada con 36 votos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución y GEN. En tanto, 21 legisladores del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad y el Frente de Izquierda votaron en contra. También fue aprobado un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

La iniciativa oficial fue tratada en la Comisión de Presupuesto, donde recibió algunas críticas de bloques opositores y aliados, que derivó en modificaciones al proyecto. Uno de los puntos más criticados estaba relacionado con un artículo que le permitía al gobierno de Rodríguez Larreta escalonar el pago de los salarios de los trabajadores del Estado porteño con el argumento de la falta de liquidez en las cuentas públicas.

La protesta frente a la Legislatura (Foto: Thomas Khazki)

La sesión se llevó adelante mientras, a pesar de que rige el aislamiento social y obligatorio, en la puerta de la Legislatura militantes de partidos de izquierda, gremios docentes y residentes médicos protestaban contra la sanción de la ley. “Es indignante que en una ciudad con un alto nivel de recaudación, la primera respuesta del gobierno sea atacar a uno de los sectores más vulnerables, el de las y los trabajadores contratados y estatales”, dijo Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS, quien participó de la convocatoria.

El reclamo de los manifestantes ya había sido tenido en cuenta por quienes impulsaban la ley, y en ese sentido, Claudio Romero (Vamos Juntos) calificó a la idea de pagar los salarios de forma escalonada como un “error” que fue “subsanado”. Por otro lado, algunos referentes de la oposición señalaron que la ley no se refiere a los contratos de locación de servicio, lo que, según argumentan, pone en riesgo a “cerca de 18 mil trabajadores”.

También recibió críticas un aspecto de la norma que establece que, ante la posibilidad de reasignar partidas por encima de lo indicado en el marco normativo, ese aspecto no fuera complementado con mayores controles parlamentarios. La creación de una comisión especial de seguimiento propuesta por el oficialismo fue insuficiente a los ojos de la oposición. Al respecto, Cecilia Segura (Frente de Todos) señaló que la presidencia y la mayoría de esa comisión es nombrada por el oficialismo y aseguró que de esa forma se corre riesgo de “que termine siendo una comisión de convalidación de la impunidad”.

El miércoles pasado, luego de que Juntos por el Cambio (JxC) diera dictamen de mayoría al proyecto, sin la firma de sus aliados de la UCR, el Frente de Todos hizo público su rechazo a la iniciativa y anunció que no acompañaría el tratamiento sobre tablas que el oficialismo buscaba realizar tan sólo un día después. Finalmente, el oficialismo no necesitó de los votos del Frente de Todos para habilitar el tratamiento -ya que pasaron los 5 días hábiles desde la firma del dictamen- y, luego de las modificaciones, se el proyecto fue aprobado con un margen holgado.

La sesión se realizó con la mayoría de los legisladores presentes en el Salón Dorado, pero aquellos que tienen algún tipo de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus, participaron de manera remota.

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